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| Lamine Souane y Hugo Colacho, frente a los juzgados de Sabadell, donde se halla el registro civil. ÓSCAR ESPINOSA |
Las peticiones para obtener la nacionalidad española se apilan durante años en varios registros civiles. Entre otros, ocurre en Sabadell. «Es el peor de España», sentencia Lamine Souane.
Este senegalés afincado en la ciudad desde 2007 acudió en 2011 para comenzar el proceso para nacionalizarse. Revisaron la documentación que recabó en su país -«por cada papel son unos 100 euros, en total 400», apunta- y le dijeron que regresara en enero de 2015. Pese a cumplir los requisitos, Souane lleva más de un trienio aguardando a que el trámite arranque.
Cuando en unos meses vuelva a la oficina, le quedarán más trabas. «Pensaba que estarían más avanzados que en mi país. Demuestra ineficacia y falta de respeto a los derechos de la ciudadanía», reflexiona.
Este senegalés afincado en la ciudad desde 2007 acudió en 2011 para comenzar el proceso para nacionalizarse. Revisaron la documentación que recabó en su país -«por cada papel son unos 100 euros, en total 400», apunta- y le dijeron que regresara en enero de 2015. Pese a cumplir los requisitos, Souane lleva más de un trienio aguardando a que el trámite arranque.
Cuando en unos meses vuelva a la oficina, le quedarán más trabas. «Pensaba que estarían más avanzados que en mi país. Demuestra ineficacia y falta de respeto a los derechos de la ciudadanía», reflexiona.
Sabadell es reflejo de una lentitud que se repite en otras localidades. «En Cornellà, dan hora para 2019; en L'Hospitalet, para 2018; en Terrassa, para 2017; en Santa Coloma de Gramenet, para 2020, y en Barcelona, para 2016», enumera Antonio Segura, vocal de la comisión de extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona. «Lo más grave es la diferencia con otras ciudades. En Vic se tarda un mes y en Figueres o en Sevilla no hace falta cita», compara.
Además de postergar el derecho a voto u obstaculizar la nacionalización de hijos menores, el retraso dificulta transitar por el continente, ya que los permisos de residencia y trabajo no bastan para eludir contratiempos. «Si quiero ir a otro país, no puedo quedarme. Sé ocho idiomas, cuatro internacionales. Con la nacionalidad, podría moverme por Europa y trabajar», alega Lamine, que ha debido desechar una posible oferta en Alemania.
La primera cita se pospone en Sabadell hasta 2018, denuncia la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallès (FAIV). La organización estima que los extranjeros en lista de espera pueden ser 5.000.
«Hacia 2009 avisamos que podía convertirse en un embudo», atestigua Hugo Colacho, de la FAIV. «No se creyeron que mucha gente iba a tramitar su nacionalidad. Entonces, se demoraban un año y medio o dos. Había sólo dos personas trabajando, como ahora», añade.
El colectivo lamenta que puedan perderse más de ocho años sólo en el procedimiento, que se suman a la odisea para dar con un contrato y conservarlo.
«La mayoría estuvimos dos o tres años para obtener una oferta válida e iniciar el período para pedir el trámite, en condiciones que los españoles no aceptarían», subraya Colacho.
La dilación provoca con frecuencia que se deban presentar de nuevo informes que caducan. Ocurre con los antecedentes penales, lo que conlleva un sobrecoste para el aspirante. «En Uruguay, la documentación cuesta 130 euros. En otros, 200 o 300», protesta Colacho, con pasaporte desde 2013, un año más tarde de que su petición se aprobase.
El Colegio de Abogados señala que son escasos los municipios que hacen una criba previa para validar los dictámenes y ahorrar al demandante el engorro de recopilar otra vez los comprobantes. «Hay países donde no es fácil conseguirlos», apercibe Segura, «en Nigeria, por ejemplo, es una odisea y en Venezuela o Colombia sólo se consiguen en la capital, lo que implica desplazamientos para los familiares».
El colectivo lamenta que puedan perderse más de ocho años sólo en el procedimiento, que se suman a la odisea para dar con un contrato y conservarlo.
«La mayoría estuvimos dos o tres años para obtener una oferta válida e iniciar el período para pedir el trámite, en condiciones que los españoles no aceptarían», subraya Colacho.
La dilación provoca con frecuencia que se deban presentar de nuevo informes que caducan. Ocurre con los antecedentes penales, lo que conlleva un sobrecoste para el aspirante. «En Uruguay, la documentación cuesta 130 euros. En otros, 200 o 300», protesta Colacho, con pasaporte desde 2013, un año más tarde de que su petición se aprobase.
El Colegio de Abogados señala que son escasos los municipios que hacen una criba previa para validar los dictámenes y ahorrar al demandante el engorro de recopilar otra vez los comprobantes. «Hay países donde no es fácil conseguirlos», apercibe Segura, «en Nigeria, por ejemplo, es una odisea y en Venezuela o Colombia sólo se consiguen en la capital, lo que implica desplazamientos para los familiares».
«Se vulneran derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y a la libre circulación», sostiene el letrado Raúl García, que asesora a la FAIV. Recalca otro problema, el lapso desde que la solicitud es refrendada y hasta que se posee el pasaporte: «Se notifica que se aprueba, pero aún no tienen la documentación y puede que se caduque la residencia. La ley no establece medidas provisionales porque no contempla retrasos tan brutales».
En la capital catalana, se ha llegado a aplazar un año la jura de nacionalidad desde que la propuesta se ratifica. «Ahora se espera unos ocho meses, como en otras poblaciones. En diciembre de 2012, se concedieron 5.000 nacionalidades en Barcelona, cuando se hacían 60 juras al mes», revela Segura.
El Departament de Justícia costea el material y el personal de los registros, cuya gestión depende del Ministerio de Justicia. La conselleria designó 10 funcionarios en febrero para aliviar el «alud» de juras que se acumula en Cataluña, unos 145.000 expedientes en los últimos años. El refuerzo se limita a inscribir personas naturalizadas ante notario, una vía de escape que Madrid trazó.
En cuanto a la posibilidad de incrementar la plantilla en los registros, el departament contesta que está condicionado a que la Dirección General de Registros y del Notariado lo reclame. Ese órgano depende del ministerio, que pretende descargar los registros civiles delegándolos a los mercantiles.
El Colegio de Abogados se pregunta si, con ese cambio, las citas ya convocadas seguirán en pie. Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha implantado una tasa de 75 euros para quien emprenda la nacionalización.
En cuanto a la posibilidad de incrementar la plantilla en los registros, el departament contesta que está condicionado a que la Dirección General de Registros y del Notariado lo reclame. Ese órgano depende del ministerio, que pretende descargar los registros civiles delegándolos a los mercantiles.
El Colegio de Abogados se pregunta si, con ese cambio, las citas ya convocadas seguirán en pie. Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha implantado una tasa de 75 euros para quien emprenda la nacionalización.
